A más de dos décadas del inicio del proyecto Camisea, el Perú aún enfrenta grandes desafíos para lograr una verdadera masificación del gas natural en todo el territorio nacional. Aunque se han registrado avances significativos en Lima y Callao, donde se concentra el 90% de las conexiones residenciales, el resto del país continúa dependiendo de combustibles más caros y contaminantes, como el diésel o el gas licuado de petróleo (GLP).
El Congreso aprobó recientemente la Ley N.º 32315, el 30 de abril de 2025, con el objetivo de ampliar el acceso al gas natural. Sin embargo, varios especialistas cuestionan su eficacia. Según Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), esta ley no representa un cambio sustancial y podría incluso retrasar aún más la llegada del gas natural a regiones fuera de la capital. “Podríamos esperar 25 años más para ver gas natural fuera de Lima”, advirtió durante la conferencia Perú Energía 2025.
En Lima, los beneficios de la masificación han sido tangibles. Se ha logrado una reducción del 21% en las emisiones de CO₂ y se ha consolidado una matriz energética en la que el gas natural representa el 39%. Sin embargo, el sistema continúa siendo vulnerable. Actualmente, el 52% de la generación eléctrica nacional depende de la hidroenergía, cada vez más afectada por el cambio climático. Además, la llamada “reserva fría” opera principalmente con diésel, un combustible importado y altamente contaminante, que representa el 75% de la matriz de respaldo.
Críticas a la Ley 32315
Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sostiene que la nueva norma tiene buenas intenciones, pero padece fallas estructurales que la hacen inviable a corto plazo. “No basta con declarar la masificación, hay que implementarla de manera efectiva. Sin mecanismos ágiles ni personal capacitado, los peruanos seguirán esperando años”, afirmó.
En la actualidad, solo 10 de las 24 regiones del país tienen acceso a este recurso. Las otras 14, en su mayoría ubicadas en la zona andina, continúan al margen del sistema de distribución. García señala que uno de los principales problemas es la lentitud de los procesos de concesión, que pueden tardar entre cinco y nueve años. Un ejemplo de ello es un proceso para llevar gas a siete regiones, que tras casi una década no logró atraer postores.
Para acelerar el acceso, García recomienda activar concesiones cofinanciadas a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), herramienta que hasta ahora no ha sido utilizada de forma eficaz. También sugiere que el Estado apruebe una adenda presentada por la empresa Cálidda, que permitiría extender la concesión a siete regiones más, cubriendo un total de 16 ciudades adicionales.
Medidas urgentes para la masificación
Desde la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Cantuarias ha planteado una serie de medidas concretas para acelerar la masificación fuera de Lima:
- Ampliar la infraestructura de transporte, incluyendo la construcción de ductos y plantas de compresión.
- Desarrollar concesiones regionales con participación público-privada, para fomentar inversiones en zonas actualmente desatendidas.
- Aplicar una tarifa nivelada a nivel nacional, ya que hoy los usuarios en provincias pagan hasta un 150% más que en Lima, y los comercios hasta un 186% más.
- Fomentar una industria petroquímica competitiva, que aumente la demanda de gas y genere empleo.
- Reactivar la inversión en exploración y explotación de gas, que hoy está casi paralizada.
Controversias institucionales
Erick García también criticó la inclusión de Osinergmin en el comité directivo del FISE, señalando que este organismo regulador no debería tener funciones de política pública. Asimismo, cuestionó la capacidad operativa del Minem, que no cuenta con una Dirección de Gas Natural desde 2021, a pesar de haber recibido nuevas y más complejas responsabilidades.
Otro punto polémico es la exclusión de Lima y Callao de los beneficios de la nueva ley. García considera que esto debilita la estrategia nacional de masificación. “La capital consume el 50% del GLP del país, y un tercio es importado. Si se promoviera el uso de gas natural en Lima, se podría reducir esa dependencia, permitiendo que el GLP disponible llegue al resto del país”, explicó.
Una oportunidad desperdiciada
Tanto García como Cantuarias coinciden en que el desarrollo de una industria petroquímica en el sur del país podría ser clave para dinamizar la economía y aumentar la demanda interna de gas. No obstante, lamentan que el Estado no haya liderado las negociaciones con el consorcio Camisea para obtener condiciones más favorables que permitan lanzar una convocatoria internacional exitosa.
“Debieron haberse reunido con Camisea y luego buscar a la empresa que ofrezca mayores beneficios, como fertilizantes, empleo e inversión”, concluyó García.
En resumen, mientras la masificación del gas natural en Perú avanza lentamente, miles de familias y negocios fuera de Lima siguen esperando una solución concreta. El tiempo sigue corriendo, y con él, también los costos ambientales, económicos y sociales de una energía aún centralizada.